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Más de 30 mil maestros jubilados recuperan aportes confiscados por Bs 124 millones
2009/06/05

Los recursos, que suman un total de Bs 124 millones, correspondientes a cuotas mortuorias y bonos de cesantía, quedaron confiscados por más de 10 años luego de la emisión de la Ley de Pensiones 1732, de Sánchez de Lozada.


El Gobierno Nacional realizó acciones para acelerar la devolución de Bs124.763.014 correspondientes a las cuotas mortuorias y bono de cesantía de los maestros jubilados. A partir de mayo de 2008, se hizo la entrega de Bs61.489.007 y una vez que la ley para la devolución de esos recursos sea promulgada, se procederá al pago de Bs42.700.088, en 12 cuotas mensuales.

Asimismo, existe un saldo Bs20.573.917 el cual será cubierto con la entrega de 32 bienes inmuebles por parte del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley por la cual dispone la devolución de Bs124.763.014 a los maestros jubilados, por concepto de devolución de reservas de los seguros y regímenes especiales a largo plazo correspondientes al Ex Fondo Complementario de Seguridad Social del Magisterio Fiscal (FOCOSSAMAF), que fueron confiscados al amparo de la Ley de Pensiones aprobada en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

El proyecto de ley pasó a la Cámara de Senadores, en revisión, para su correspondiente sanción. Luego de la promulgación de esta ley, el Ministerio de Economía y Finanzas procederá a la devolución de los recursos.

Los maestros jubilados dejaron de percibir el pago de estos beneficios por más de 10 años debido a que si bien el artículo 65 de la Ley 1732 (Ley de Pensiones) establece que todos los regímenes y seguros especiales de los Entes Gestores de la Seguridad Social Liquidados debían seguir siendo pagados, no se lo hizo.

Estos beneficios retenidos por más de una década corresponden a la cuota mortuoria y bono de cesantía.

En 1997 se aprobó el Decreto Supremo 25053, que reglamenta el artículo 65 de la Ley de Pensiones y dispone la apertura de una cuenta fiscal para el depósito de los saldos disponibles de los seguros o Regímenes Especiales y la transferencia de estos recursos en forma inmediata a una sociedad accidental conformada por cada ente gestor, la que debía encargarse del pago correspondiente a cada uno de los asegurados, ya sea a través del Fondo de Retiro, Seguro de Cesantía o Capital Social.

Sin embargo, el pago fue paralizado desde 1996 en forma injustificada por los funcionarios de ese entonces, lo que desencadenó la protesta de los más de 30 mil maestros jubilados, cuyos dirigentes realizaron varias acciones, entre ellas, gestiones ante los diferentes gobiernos, una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y movilizaciones callejeras, sin ningún resultado efectivo.

Después de más de una década de protestas que no fueron escuchadas por los gobiernos que se sucedieron entre 1997-2005, el Gobierno del Presidente, Evo Morales, una vez que asumió la conducción del país, buscó un acercamiento con el magisterio rentista para dar una solución a este problema social.

En octubre de 2006, el Ministerio de Hacienda ahora de Economía y Finanzas Públicas, a través del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE) y la Dirección de Liquidación de Entes Gestores de la Seguridad Social, suscribió un convenio interinstitucional con los dirigentes de los maestros jubilados, en el que se definieron las modalidades de devolución. Ese documento señala que para efectos de viabilizar la devolución debe promulgarse una Ley de la República.

Asimismo se logró precautelar los intereses de todos los aportantes, disponiendo que la mutualidad del Magisterio Nacional (MUNAMAL) devuelva a los maestros beneficiarios de los Regímenes Especiales y a los que no estaban afiliados a su entidad los aportes en montos establecidos por la Auditoría Especial de la consultora ECA Aparicio.

En noviembre de 2008, después de la aprobación del documento por el Consejo Nacional de Políticas Económicas y Sociales (CONAPES), se remitió el Anteproyecto de Ley al Congreso Nacional.

MEFP-UCS09/GB/VA



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