El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Alberto Arce, anunció este miércoles la total apertura del Gobierno Nacional para recibir propuestas y sugerencias para mejorar el proyecto de ley que modifica el Código Tributario para la Lucha contra el contrabando.
 
“Queremos decir claramente que el Gobierno Nacional está amplio a recibir propuestas, sugerencias, para mejorar nuestro proyecto de ley, por supuesto no para flexibilizar ni para dar concesiones al contrabando, sino todo lo contrario para mejorar los mecanismos que nos permitan combatir el contrabando”, sostuvo Arce.
 
La Asamblea Plurinacional aprobó el martes, en su estación en grande, el proyecto de ley que modifica el Código Tributario y que endurece las sanciones en contra de quienes incurrieren en el delito de contrabando. Al conocer la norma, comerciantes y gremialistas salieron en marchas en La Paz y Oruro para expresar su rechazo a la propuesta de ley.
 
En conferencia de prensa, el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, junto a la viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, aclaró que esta norma legal afectará solo a aquellos comerciantes que no cumplen la normativa, es decir que ilícitamente internan y comercializan las mercancías en territorio boliviano.
 
“Hay buenos comerciantes en el país que internan sus productos de manera más legal, pagan sus impuestos como cualquier otra actividad, por supuesto esta ley no caerá sobre ellos, esto es simplemente para aquellos que han Estado dedicándose a esta actividad que tiene un efecto negativo en el país”, expresó.
 
Debido a que el contrabando es un flagelo que aqueja a la sociedad con un daño de entre 400 y mil millones de dólares por año, por defraudación fiscal y no pago de impuestos, además de competencia desleal a los comerciantes que internan productos de forma legal, el Gobierno Nacional diseñó las modificaciones al Código Tributario.
 
La nueva norma se enmarca en el artículo 325 de la Constitución Política del Estado (CPE) que establece sanciones a quienes incurren en el delito de contrabando, a lo que se suma un proceso abreviado que tendrá una duración de 60 días.
 
Asimismo, el proyecto de ley establece la confiscación de mercancías, pero no de facto, sino después de un debido proceso, donde el juez determinará la confiscación  de los bienes.
 
Otra de las características del proyecto de ley es la cantidad de años de privación de libertad, “en el viejo modelo neoliberal” se llegaba como máximo una pena de privación de libertad entre 6 meses y 2 años, el actual Código Tributario prevé una sanción de privación de libertad de 3 a 6 años, la propuesta incrementa la sanción de 5 a 10 años, el menor delito de contrabando tendrá 5 años de cárcel, y el máximo tendría un máximo de 10.
 
En el tema de la defraudación aduanera (defraudación documental de precios, tipo de mercadería, y otros, para pagar menos tributos) se define una pena de entre 4 y 8 años de cárcel.
Con la finalidad de erradicar la corrupción, en especial en la Aduana Nacional, la norma define una agravante de un tercio de la sanción a los servidores públicos, “si, por ejemplo, se diera un caso de contrabando una pena de 10 años al contrabandista, al servidor público que está involucrado en este hecho tendrá 13 años de cárcel, si se le diera la sanción mínima al contrabandista de 5 años y se comprobara  al servidor público la complicidad, a este funcionario se le dará 7 años”.
 
Asimismo, el proyecto de ley establece la participación de las Fuerzas Armadas para combatir al contrabando.

MEFP-UCS/VA/2010