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Noticias del Ministerio
El Legislativo inicia tratamiento de ley contra el financiamiento del terrorismo y separatismo
2011/09/08

El Ministro de Economía explicó en la plenaria de Diputados el contenido del proyecto que, además, refuerza la lucha contra el lavado de dinero y la forma en que se obtuvo la ganancia ilícita.

La Cámara Baja comenzó el debate del Proyecto de Ley de Incorporación al Código Penal de la figura del delito de Financiamiento del Terrorismo y Separatismo, formulado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con el propósito de cumplir los compromisos internacionales asumidos por el Estado para luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas.
 
El tratamiento de la propuesta del Órgano Ejecutivo empezó  --el martes 6 de septiembre— con la lectura del documento en la plenaria camaral en presencia del titular de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, quien después explicó a los legisladores la importancia del anteproyecto de ley.
 
“Con esta propuesta –aseguró--, prácticamente, estaríamos cumpliendo todos los compromisos que el Estado hubiera asumido con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD)”.
 
Mediante el proyecto se incorpora en el Código Penal Boliviano las figuras penales de Financiamiento del Terrorismo y Separatismo, se modifican las tipificaciones de Terrorismo y Legitimación de Ganancias Ilícitas, y asigna atribuciones a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), entre otros puntos.
 
Acuerdo con GAFI
 
El Estado ratificó con la Ley 4072, del 27 de julio de 2009, el Memorándum de Entendimiento por el que se hace miembro del GAFISUD, filial sudamericana de GAFI, organismo que se encarga de establecer estándares internacionales en materia de prevención, detección, control y reporte de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. 
 
“La Ley que ratifica el memorándum de entendimiento de la GAFI –puntualizó el Ministro--, implica para el país cumplir 40 recomendaciones en materia de legitimación de ganancias ilícitas, nueve recomendaciones vinculadas al financiamiento del terrorismo”. 
 
La autoridad añadió que Bolivia debe cumplir varios puntos del acuerdo con el GAFI, entre ellos, la penalización del financiamiento del terrorismo, el establecimiento de un marco jurídico adecuado para la identificación y congelación de los activos de terroristas, atribución de funciones a la UIF relacionadas con el análisis y procesamiento de información relacionada con el financiamiento del terrorismo y reporte a las autoridades competentes.
 
Arce Catacora recalcó en su exposición que “este proyecto de ley es de suma importancia para, especialmente, la parte financiera nacional, puesto que está proponiendo un artículo que ha de posibilitar cumplir con acuerdos que el gobierno ha comprometido en pasados años”.
 
Lucha contra el lavado de dinero
 
El gobierno boliviano intensificó desde 2006 la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo mediante la aplicación de nueve medidas que, en algunos casos, ratifican convenios internacionales; y, en otros, crean leyes para combatir delitos relacionados al blanqueado de activos y la transferencia de recursos económicos a la subversión.
 
Por ejemplo, se formuló y puso en vigencia leyes como la 004, de Lucha Contra la Corrupción “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, promulgada por el presidente Evo Morales el 31 de marzo de 2010; y la Ley 060 que regula el funcionamiento de Casas de Juegos y Juegos de Azar, norma que elaboró el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
 
Con la Ley Anticorrupción se mejora la tipificación del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas a través de la incorporación de otros delitos precedentes. Estos delitos que se incluyen suman once en materia de corrupción, ocho delitos previstos en la Ley de Aduanas, además de los delitos de asociación delictuosa, tráfico y trata de personas, tráficos de órganos humanos, tráficos de armas y terrorismo. En ese sentido la Ley 060  crea el marco legal para prevenir el lavado de dinero a través de casas de juegos y actividades relacionadas a los juegos de azar.
 
A estas disposiciones legales se suma la Ley 007, del 18 de mayo de 2010, de modificación del sistema normativo penal, mediante el cual, entre otros, se modifica el artículo 252 del Código de Procedimiento Penal y se otorga facultades al Fiscal para que de manera directa disponga la aplicación de medidas cautelares de carácter real.
 
El fortalecimiento del marco legal contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo implicó en el último quinquenio la emisión de otras normas como el Decreto Supremo 138, del 20 de mayo de 2009, que establece la aplicación de medidas cautelares sobre el patrimonio y los medios e instrumentos que hubieran sido utilizados o estuviesen comprometidos en la comisión del delitos del Terrorismo, Sedición o Alzamiento Armado contra la Seguridad y la Soberanía del Estado. Estas medidas cautelares son: retención de fondos, incautación y confiscación.
 
El Decreto Supremo 29681 establece un esquema de control sobre la internación y salida de divisas del territorio nacional, y se le otorga la responsabilidad de Sujeto Obligado a la Aduana Nacional respecto del lavado de dinero.
 
Este marco normativo incluye el Decreto Supremo N° 910 que reglamenta las infracciones y sanciones administrativas para las entidades financieras, del mercado de valores y seguros; referidas al control de la Legitimación de Ganancias Ilícitas. 
 
Entre los antecedentes previos a este gobierno, se cuentan: la Ley 1768, de 1997, que incorporó al Código Penal (artículo 185 Bis) el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas. La tipificación de este delito contemplaba inicialmente como delitos precedentes a tres categorías de delitos: a) delitos de tráficos de sustancias controladas establecidas en la Ley 1008 del Régimen de la Coca (33 tipos de delitos); b) delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones (16 tipos de delitos previstos en los artículos 142 al 157 de la Ley 1768, Código Penal); y, c) organización criminal (artículo 132 de la ley 1768).
 
 
MEFP-UCS/RR/VAR/2011
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