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“Nosotros tenemos una visión más social que económica”

14/05/2010

Nueva Ley de Pensiones: “Nosotros tenemos una visión más social que económica”

Mario Guillén, viceministro de Pensiones y Servicios Financieros.  

(Tomado del periódico Cambio, 14/95/2010)

Después de 14 años, vuelve el debate sobre la reforma de pensiones. El Gobierno tomó la iniciativa con varios planteamientos que negocia con dirigentes de la COB. El proyecto de ley crea un fondo solidario en beneficio de los trabajadores que reciben salarios bajos y además propone reducir la edad de jubilación de 65 a 58 años.


La lucha de los trabajadores por mejores salarios y por un sistema de jubilación digno precipitó el debate sobre la futura Ley de Pensiones. La propuesta original del Gobierno fue aprobada en la Cámara de Diputados en el antiguo Congreso Nacional, pero desde entonces mucha agua corrió bajo el puente.

Durante el reciente conflicto con los trabajadores del país, las autoridades del Ejecutivo, de manera prematura, dieron por cerrado el tema salarial y adelantaron la discusión de la futura ley de pensiones con algunas propuestas que mejoran las condiciones de jubilación con relación a la Ley 1732, de 1996.


Una de ellas es la reducción de la edad, de 65 a 58 años. Pero además existen otros elementos nuevos como la pensión solidaria de jubilación y la restitución del aporte patronal. A continuación, el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén Suárez, responde a algunas inquietudes, objeciones y críticas efectuadas en varios escenarios al nuevo sistema.


—Hay empresarios y analistas que cuestionan la sostenibilidad del nuevo sistema y temen que colapse, principalmente por la reducción de la edad de jubilación. ¿Existe ese riesgo?


—No. Nosotros trabajamos sobre la sostenibilidad y la hemos proyectado por 40 años. Bajar la edad de jubilación a 58 años tiene sustento económico. Lo importante de esto es mirar el sistema de pensiones desde los enfoques de toda la población, porque tenemos diferentes realidades. Por ejemplo, una es la realidad de la persona que ha estudiado, sale de la universidad y empieza a trabajar a los 25 años, trabaja 35 años y llega a los 60 años. También tenemos que considerar la realidad del trabajador fabril, del maestro u otro obrero que empieza a trabajar desde los 18 ó 20 años, y con los 35 años de trabajo llegaría a los 55 años de edad.

El sistema de jubilación a los 65 años pretendía que, en lugar de trabajar 35 años, se trabaje 45 años, y eso no es justo. Por eso es que vimos la posibilidad de bajar la edad a 58 años y de compensar a los trabajadores, obviamente velando por la sostenibilidad.

—Sin embargo, persisten las dudas porque el debate está en una etapa inicial...

—Yo creo que falta información. Mucha gente, analistas entre ellos, debido a su inclinación (política), están desinformando. Por ejemplo, critican la sostenibilidad sin haber visto los números, y dicen que el Estado nunca ha sido buen administrador. Ése es un paradigma del pasado. Nosotros creemos que estamos en condiciones de administrar, tenemos una visión más social que económica, creemos que el servicio que vamos a ofrecer, como administradores de los recursos de los trabajadores, va a ser mejor. La población debería estar tranquila porque queremos mejorar el acceso a la jubilación de la gente y no velar solamente por el aspecto económico.


La Ley 1732 se ha promulgado desde el punto de vista financiero y no social. Nosotros le estamos dando ese enfoque, incluida la solidaridad. Creemos que sobre esta base los trabajadores tendrán mejores días.


—Los empresarios no aceptan el aporte patronal del 3% porque dicen que afecta sus inversiones y capital de operaciones, ¿cuál es su criterio?

—Primero, cuando se promulgó la Ley 1732 (que creó el sistema de capitalización individual), benefició a las empresas porque eliminó el aporte patronal. Antes de esta ley los patrones tenían que aportar para los trabajadores y ahora lo único que estamos haciendo es restituir ese aporte patronal. La Ley 1732 benefició a los empresarios y en esa oportunidad no dijeron nada, sólo generaron más utilidades para ellos. Lo que nosotros estamos pidiendo hoy es que este sector vuelva a aportar y que parte de sus utilidades sean compartidas con sus trabajadores para mejorar la jubilación.


—¿Cuáles son las principales deficiencias de las AFP?


—Las AFP no abrieron oficinas en poblaciones intermedias porque no hay afiliados en esas poblaciones y no buscan ampliar el universo de cotizantes. Nuestra visión es diferente, queremos que la mayor cantidad de gente, sea independiente o tenga relación de dependencia, ingrese al sistema. Para nosotros es importante ir a estas poblaciones intermedias, donde hay una gran cantidad de personas que no tiene una dependencia laboral. Desde ese punto de vista, la administración pública tiene objetivos diferentes. No son objetivos de lucro, sino sociales.

—¿Qué les puede decir a las personas que actualmente realizan aportes individuales?

—Esos aportes se mantienen. Ellos no van tener ningún problema, van a seguir en el mismo régimen, pero también estamos incentivando a que otras personas aporten al nuevo sistema de pensiones. La nueva ley busca ampliar el horizonte de aportantes. Con la Ley 1732, muy pocos pudieron aportar, hoy tenemos muy poca gente independiente que está aportando.

 
En cambio con la nueva Ley de Pensiones, con un aporte de 95 bolivianos, cualquier persona podría llegar a una jubilación después de cierto tiempo. Adicionalmente la propuesta incluye incentivos para que estas personas aporten, porque después de un tiempo, si ellas no generan un ingreso suficiente, podrán retirar cada cinco años los aportes, en el caso de personas con aportes independientes.

—¿El referente para el cálculo de la jubilación se mantiene en 24 meses o todavía está sujeto a algún cambio?


—El referente salarial para el cálculo de la jubilación será sobre las 24 últimas cotizaciones, porque los trabajadores así lo han pedido. Ellos entienden que en los últimos dos años es cuando mejor ganan, y ese criterio se ha incluido en el costo de la sostenibilidad del sistema. La Ley 1732 establece 60 papeletas o cotizaciones.

—¿Qué posibilidades de jubilarse tienen los trabajadores denominados informales?

—Los trabajadores del sector informal van a aportar como todos aportamos, van a aportar al fondo solidario, y también serán beneficiados por este fondo.

—¿Quién fiscalizará a la gestora estatal que administrará las pensiones?


—Con la gestora pública también se crea un fiscalizador de esta entidad y se introducirán algunas medidas. Por ejemplo, el administrador puede ser cambiado si incumple la ley. Todas las inversiones que realice por cuenta del fideicomiso están claramente establecidas en la ley y son muy similares a las que actualmente tienen las AFP.


Adicionalmente, la gestora pública enviará al trabajador su estado de cuenta, cada cierto tiempo, para que éste confirme sus saldos en sus cuentas individuales y todos los títulos en los que invierta la gestora se depositarán en una entidad especializada, privada, donde cualquier persona pueda verificarlos.

—A la gente le preocupa que resurjan otros Dantes Escóbar, como sucedió en el pasado


—La liquidez estará en las entidades financieras; por lo tanto, no va a existir el peligro de otros Dantes Escóbar. En el pasado no había fiscalización y además estos dineros formaban parte de los fondos complementarios y fueron utilizados de manera discrecional. En este caso no hay esa posibilidad porque los dineros sólo pueden ser usados en inversiones que la ley dispone.

—¿En qué momento se iniciará el proceso de traspaso de la administración?

—Una vez que se promulgue la ley, vamos a conversar con los representantes de las AFP para coordinar el proceso de transición. Creemos que esto nos va a tomar un tiempo hasta que nos pasen la base de datos a la nueva gestora pública. Las AFP sabían que la ley estaba orientada a su desaparición, porque la Constitución Política del Estado así lo establece.