El PGE 2025 reorienta los recursos públicos con los que se paga la Renta Dignidad para beneficiar a los adultos mayores más vulnerables

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) explicó que las excepciones referidas a los beneficiarios de la Renta Dignidad, tienen el objetivo de garantizar una distribución más equitativa y sostenible de los recursos públicos con los que se financia este beneficio.

Según el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza, las modificaciones propuestas en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 buscan “volver al espíritu original de esta política social, la cual busca “contribuir a la reducción de la pobreza en la vejez”.

Apaza sostuvo que la exclusión de trabajadores del sector privado, empresarios y militares jubilados que se jubilan con el 100% de su sueldo, permitirá una asignación más eficiente de los recursos públicos, ya que cada año aproximadamente 40.000 adultos mayores se incorporan al universo de beneficiarios de la Renta Dignidad.

La Renta Dignidad tiene un carácter vitalicio y a la muerte del beneficiario genera un beneficio adicional, que son los Gastos Funerales (Bs1.800) que reciben quienes corren con los gastos del sepelio.

La Renta Dignidad llega actualmente a todas las personas de 60 y más años que residen en el país, excepto aquellas que cobran un sueldo del sector público, no están registradas en la Base de Datos de Beneficiarios de la Renta Dignidad o cuentan con una resolución de suspensión de este beneficio por alguna irregularidad comprobada.

La Disposición Adicional Quinta del Proyecto de Ley del PGE 2025, modifica el Artículo 3 de la Ley N° 3791, que creó la Renta Dignidad en 2007. Con esta reforma, no recibirán este beneficio los siguientes segmentos de la población de adultos mayores:

• Adultos mayores que continúen activos laboralmente en el sector privado; este segmento volverá a cobrar el beneficio una vez deje su actividad laboral.
• Accionistas, socios o directores de Sociedades Comerciales, con Registro de Comercio, es decir, empresarios.
• Quienes perciben la Fracción Complementaria pagada con recursos del Tesoro General de la Nación, decir, los miembros de las Fuerzas Armadas, que gracias a ese componente se jubilan con el 100% de sus sueldos, (Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación de 1989, aprobada en el gobierno de Jaime Paz Zamora). 

“En el PGE 2025, hemos incluido al sector privado para que haya homogeneidad con los del sector público. También excluimos a empresarios y a quienes tienen beneficios completos de jubilación, como los militares, que no necesitan de este beneficio”, explicó Apaza.” Este bono debe llegar a quienes realmente lo necesitan”, añadió.

El viceministro subrayó que los recursos destinados a la Renta Dignidad provienen del Tesoro General de la Nación (TGN). “Es dinero de todos, y no es necesario que estos segmentos, que ya cuentan con recursos suficientes, reciban este beneficio”, agregó.

Según Apaza, los límites planteados en la ley del presupuesto, alcanzarán aproximadamente al 1% de los más de 1,2 millones de beneficiarios actuales, es decir, a algo más de 12.000 personas.

“La propuesta es que esos recursos sean utilizados para pagarles a las personas que sí son vulnerables, que necesitan esta renta. Esos recursos van a ser asignados a los nuevos 40.000 beneficiarios que vamos a tener en la siguiente gestión. La gran mayoría no va a ser afectada”, recalcó.

El viceministro aseguró que los adultos mayores del sector informal seguirán recibiendo la Renta Dignidad. “Ellos representan un segmento vulnerable, con trabajos precarios y sin acceso a un empleo formal. Este beneficio está garantizado para ellos”, subrayó.

Desde su creación, la cantidad de beneficiarios y el presupuesto destinado a la Renta Dignidad han crecido de manera sostenida. En 2008, el bono alcanzó a 752.338 personas, con un presupuesto de Bs1.615 millones. En 2023, los beneficiarios sumaron 1.209.316 y el presupuesto ascendió a Bs5.060 millones. Para 2025, se proyectan 1.296.543 beneficiarios y un presupuesto de Bs5.529 millones.

Actualmente, este beneficio consiste en el pago mensual de Bs350 para quienes no contribuyeron al sistema de pensiones y de Bs300 para quienes sí aportaron. El 80% de los beneficiarios pertenece al primer grupo.

Un estudio de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), publicado en junio de 2024, estableció que la Renta Dignidad ha reducido la pobreza en 20 puntos porcentuales y la pobreza extrema en 10 puntos entre los adultos mayores. Este impacto reafirma su importancia como una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad.