Montenegro presenta el balance económico de cinco años de gestión: “Cumplimos los compromisos y entregamos una economía estable y con acciones en defensa del bolsillo del pueblo”

La Paz, 6 de octubre de 2025 (MEFP). – El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas presentó este lunes el balance económico de la gestión 2020–2025, en el que se ratifica el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno del presidente Luis Arce y la estabilidad de los principales indicadores macroeconómicos, pese a un contexto externo adverso y al impacto interno de bloqueos y el sabotaje político. El informe refleja crecimiento, control inflacionario, sostenibilidad fiscal y continuidad de las políticas sociales que sostuvieron la demanda interna y el bienestar de la población.

“A pesar del sabotaje político y los bloqueos, hemos logrado estabilizar la economía y mantener las transferencias sociales sin afectar el bolsillo del pueblo boliviano”, destacó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro.

Cuando el actual Gobierno asumió funciones el 8 de noviembre de 2020, Bolivia enfrentaba una situación sanitaria y económica crítica: la pandemia había paralizado la actividad productiva, no existían vacunas disponibles y el país carecía de mecanismos de protección social suficientes. Montenegro recordó que desde ese punto de partida se inició una recuperación gradual.

La economía boliviana pasó de una contracción profunda en 2020 debido a la pandemia de COVID-19 a una recuperación progresiva en 2021, con estabilidad de precios y expansión de la inversión pública, manteniendo el poder adquisitivo de los hogares y activando mecanismos de protección frente a la crisis.  Sin embargo, este proceso fue frenado por un entorno internacional desfavorable y un bloqueo político interno, además de los fenómenos climáticos adversos.

A fines de 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) había registrado una caída de 8,7%; la inversión pública se redujo 52,7% respecto a 2019, y el desempleo urbano alcanzó el 12%. El déficit fiscal fue del 12,2% del PIB. La demanda interna tuvo una incidencia negativa de 11,7,5 puntos porcentuales (pp), debido a la paralización de proyectos, baja ejecución del gasto y la caída del consumo privado.

2021 marcó el punto de inflexión gracias a medidas fiscales, productivas y sociales coordinadas, convirtiéndose en el año de mayor expansión del periodo 2020–2025. Este repunte fue impulsado por un paquete amplio de medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para reactivar la economía interna, restaurar la inversión pública y proteger a los sectores más vulnerables. Ese año, la economía creció 6,1% y en 2022, la expansión fue del 3,6%.

Contexto externo y sabotaje

Sin embargo, desde el segundo semestre de ese año, comenzó una fase de restricciones ocasionadas por factores tanto internos como externos.

En el plano externo, el ministro citó la ralentización de la economía mundial, que paso de registrar un crecimiento de 6,6% en 2021 a 3,3%% en 2024; la inflación global llegó al 8,8% en 2022 y alcanzó el 4,9% en 2024, aun por encima del nivel objetivo en varios países, lo que determinó el incremento de las tasas de interés mundiales, que se multiplicaron por diez y pasaron de un promedio 0,1% y 0,2% a 4,1% y 5%, lo que aumentó el peso del servicio de la deuda externa.

De igual forma, el incremento del precio del barril de petróleo, que llegó hasta $us114,4, el aumento de los costos logísticos debido a la guerra Rusia-Ucrania (el transporte de un contenedor de 40 pies llegó a costar $us7.555 promedio anual en 2021), y las alzas notables que registraron los precios agrícola, entre otros.

En este escenario, Bolivia mantuvo un desempeño estable y resistió los efectos externos. Sin embargo, Montenegro enfatizó que el principal impacto negativo provino “del sabotaje interno y los bloqueos organizados por sectores políticos y cívicos”.

Solo el paro de 36 días de 2022 en Santa Cruz ocasionó pérdidas superiores a $us1.000 millones. Los bloqueos entre enero y febrero de 2024 generaron pérdidas por $us981 millones; los de octubre y noviembre de ese mismo año en Cochabamba, Oruro y Potosí sumaron $us2.200 millones, y los de 2025 alcanzaron nuevamente más de $us1.000 millones. En total, las pérdidas económicas por 90 días de bloqueos entre 2022 y 2025 superaron los $us5.000 millones.

“El sabotaje vino desde los bloqueos en las carreteras, el sabotaje político vino de la vieja derecha y de la nueva derecha evista en la Asamblea”, recalcó Montenegro. A este difícil panorama se sumaron los fenómenos climáticos extremos de La Niña y El Niño, que generaron sequías prolongadas y afectaron la producción nacional.

El bloqueo a la aprobación de 17 créditos por $us1.638 millones en la Asamblea Legislativa, impidieron el acceso a financiamiento externo para proyectos productivos y de infraestructura. Montenegro advirtió que “esos créditos ya están gestionados y listos para ser aprobados por el próximo gobierno; basta con destrabarlos”.

A pesar de esas restricciones, el Gobierno cumplió con el pago del servicio de la deuda externa, que pasó de $us827 millones en 2020 a $us1.526 millones en 2025. “Hemos honrado todas las obligaciones, incluso sin contar con los desembolsos bloqueados en la Asamblea. Si esos recursos hubieran llegado, no habríamos tenido tensiones en combustibles ni en medicamentos”, explicó.

En el plano interno, Montenegro destacó la caída de la producción, tanto de petróleo como de gas natural. Entre 2014 y 2024, el primero que bajó de 18.640 a 7.579 miles de barriles de petróleo. Y el segundo, de 22.188 a 11.896 millones de metros cúbicos, casi el 50%.

Resultados

El titular de Economía subrayó que el nivel de endeudamiento externo bajó de 33% del PIB en 2020 a 23,1% en 2025, consolidando una posición holgada en comparación con periodos de la historia reciente. “El próximo gobierno no va a tener en ese frente ningún tipo de problema”, enfatizó.

En relación con las reservas internacionales netas (RIN), el ministro aclaró que las cifras heredadas por el actual gobierno fueron significativamente menores a las que se difunde públicamente. “Dijeron que nos habían dejado con $us10.000 millones o $us9.000 millones, decía una expresidenta”. Sin embargo, en enero de 2021, las RIN alcanzaban los $us4.964 millones. Añadió que, aunque este monto disminuyó progresivamente, con la aplicación de la Ley de las Reservas Internacionales se logró recuperar su nivel, hasta los $us3.275 millones de dólares al 30 de septiembre de 2025.

La inflación alcanzó el pico más elevado en junio de 2025, vinculado a la especulación y al contrabando, aunque en los tres últimos meses el nivel de precios bajó de forma consecutiva hasta alcanzar, en septiembre de 2025, el 0,2%. El tipo de cambio paralelo descendió de Bs20 a alrededor de Bs12 por dólar, mostrando una tendencia de estabilización.

La inversión pública ejecutada en industria y turismo aumentó de $us35 millones en 2020 a $us232 millones en 2025.

Los depósitos en el sistema financiero pasaron de Bs174.526 millones en 2020 a Bs225.865 millones en 2025, un aumento de Bs51.385 millones. La cartera de crédito subió de Bs174.252 millones a Bs226.637 millones, con un aumento de Bs52.158 millones. El crédito productivo alcanzó Bs109.335 millones, impulsado por la manufactura (Bs14.188 millones) y la agricultura (Bs11.079 millones). La mora del sistema financiero se mantuvo controlada en 3,2%, por debajo del promedio de la región.

En materia administrativa y tecnológica, el MEFP impulsó la subasta electrónica estatal, que generó un ahorro de Bs2.501 millones en las adjudicaciones estatales, y la digitalización de pagos mediante el Sistema de Gestión Pública (Sigep), que facilita las operaciones a gobiernos subnacionales y universidades. La devolución del 5% del IVA (Re-IVA) benefició a 138.765 contribuyentes, con un total devuelto de Bs465 millones.

El Impuesto a las Grandes Fortunas aportó casi Bs1.000 millones desde 2021, mientras que los incentivos tributarios del programa IVA-Cero permitieron que más del 60% de las importaciones de maquinaria y equipo industrial y agropecuario estén exentas de ese tributo. Montenegro destacó que “esta medida fue clave para fortalecer la capacidad productiva del país, especialmente en el sector agroindustrial del oriente boliviano”.

En el sector productivo, los créditos canalizados a través del programa SIBolivia alcanzaron Bs1.900 millones, beneficiando a 15.019 unidades productivas. La microempresa recibió Bs1.091 millones, las pymes, Bs435 millones, y la gran empresa, Bs452 millones.

El Fondo de Garantía para el Sector Gremial (Fogagre) totalizó Bs261 millones en garantías otorgadas en 5.846 operaciones. El Fondo de Crédito de Apoyo a la Microempresa (Focremi) destinó Bs18,6 millones a 528 beneficiarios, y el Fondo de Crédito para la Juventud (Focrea) entregó Bs38 millones a 1.634 jóvenes. Asimismo, los desembolsos del programa Mujer BDP alcanzaron los Bs1.168 millones a 19.500 emprendedoras a agosto de 2025.

El Fondo de Crédito Emprende Bolivia (Focreb) alcanzó los Bs30,7 millones para 403 beneficiarios a junio de 2025, mientras que el Fondo de Garantía de la Construcción (Fogac) otorgó Bs49 millones en garantías en el mismo periodo. Además, el gobierno constituyó el Fondo de Crédito de Apoyo a las Exportaciones (Focax), el Fondo de Financiamiento para el Sector Cañero (Focaña) y el Fondo de Capital de Riesgo para Emprendimientos Innovadores (Fondo Startup), junto a la ampliación del Fideicomiso Avícola.

El ministro también destacó la creación del Mercado Virtual, que registró 12.877 proveedores y 252.768 productos, y el catálogo “Compro Hecho en Bolivia”, con 1.057 proveedores con una oferta de 7.754 productos nacionales.

La Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y la modernización del sistema tributario, evaluada por el Fondo Monetario Internacional, completan las reformas de gestión económica promovidas por esta cartera de Estado.

Finalmente, Montenegro resaltó la reglamentación para el funcionamiento de las Fintechs y el uso de canales electrónicos para la compra de activos digitales, cuyas operaciones pasaron de 932.000 en junio de 2024 a 19,0 millones en junio de 2025 y el monto acumulado se incrementó de $us46,5 millones a $us304,4 millones.

El balance también muestra avances en servicios públicos. Entre 2020 y 2025 se otorgaron alrededor de 10.000 ítems en educación y 6.178 en salud.

En el ámbito social, el número de beneficiarios de bonos y transferencias condicionadas pasó de menos de 500.000 en 2003 a más de 3,7 millones en 2025. El bono Juancito Pinto alcanzó a más de 2,2 millones de estudiantes, la Renta Dignidad a 1,2 millones de adultos mayores y el bono Juana Azurduy a 216.000 madres y niños de hasta 2 años. Desde 2006 hasta agosto de 2025, el Estado destinó Bs68.019 millones (equivalentes a cerca de $us10.000 millones) a bonos sociales. “El énfasis del presidente Luis Arce ha sido mantener las transferencias sociales, y lo hemos cumplido”, señaló Montenegro.

En su evaluación final, el ministro sostuvo que el Gobierno del presidente Luis Arce deja una economía en orden, con bases sólidas y políticas sociales consolidadas. “No hemos trasladado los costos de la crisis al pueblo; cumplimos la plataforma económica, mantuvimos la subvención a los combustibles y entregamos una economía estable al nuevo gobierno”, concluyó el ministro de Economía y Finanzas Públicas.