Fallos adversos en arbitrajes internacionales son resultado de malas decisiones tomadas en anteriores gestiones
La Paz, 22 de abril de 2026.-
El fallo definitivo del Tribunal Supremo de los Países Bajos, respecto a la demanda de arbitraje del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) en contra del Estado boliviano, es el resultado de malas decisiones tomadas por autoridades de anteriores gestiones de gobierno. Así lo establecieron en conferencia de prensa el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Procuraduría General del Estado, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo y la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros.
El pasado 21 de abril se conoció que el Tribunal Supremo de los Países Bajos desestimó la última apelación del Estado boliviano en contra del fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), por el cual debe pagar una indemnización de aproximadamente 105 millones dólares en favor de BBVA, por haber vulnerado estándares internacionales, como el trato justo y equitativo y la prohibición de medidas arbitrarias, luego de la nacionalización de la administración de los fondos de pensiones. El arbitraje tiene origen formal el año 2017.
“Este es el resultado de la herencia de las malas decisiones que se tomaron en las gestiones pasadas, cuando llevaron adelante el proceso de nacionalización y la decisión de no llevar adecuadamente el proceso y no respetar la seguridad jurídica”, declaró el viceministro de Pensiones, Horacio Valencia.
En ese sentido y para hacer prevalecer los intereses del Estado, el Procurador General, Hugo César León, explicó que se tomarán todas las medidas necesarias para que el impacto económico sea el menor posible, a la par que se establecerá una estrategia para identificar a los responsables de las malas decisiones asumidas en este y otros casos de arbitraje internacional.
Por ejemplo, entre las medidas anunciadas por las autoridades está la instauración de auditorías técnicas a los procesos de arbitraje vigentes actualmente, además de identificar las posibles fallas estructurales en la gestión jurídica administrativa y el análisis de cómo se llevaron adelante los procesos de transición que dieron origen a estas controversias.
“Esas auditorías nos ayudarán a determinar quiénes son los responsables. Una vez identificados, tengan la certeza de que el Estado, a través del gobierno nacional, iniciará las acciones correspondientes para recuperar lo que está causando este daño económico al Estado”, anunció el subprocurador, Roger Marcelo Longaric.
Por su lado, el gerente general de la Gestora Pública, Vladimir Fernández, aseguró que los fondos de pensiones no se verán afectados por este proceso, al ser independientes y estar protegidos por la normativa vigente. “Ningún boliviano verá afectados sus ahorros previsionales por este fallo”, enfatizó el gerente.
Tanto en este como en otros casos, el Estado boliviano actúa y actuará en el marco de la ley y sus compromisos internacionales, pero también hará prevalecer su responsabilidad de defender los intereses de Bolivia en todo momento.