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La falta de presentación del Certificado RUPE no genera daño económico al Estado
- ! 2021-11-22
Mediante Decreto Supremo N° 1497, vigente desde el 14 de mayo de 2013, establece la creación del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) para agilizar los procesos de contratación con el Estado.
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La Paz, 22 de noviembre de 2021 (MEFP).- La solicitud o no de un requisito como el Certificado del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) no genera ningún tipo de daño económico al Estado y la solicitud de este requisito entró en vigencia en 2013.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realiza esta aclaración ante la publicación de la noticia titulada: “La gestión de Evo se adjudicó 10 contratos millonarios sin RUPE”, en el periódico Página Siete, nota que asegura que se habría generado un daño económico al Estado por la omisión del mencionado requisito.
Al respecto, esta Cartera de Estado aclara que el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) tiene por objeto centralizar la información sobre los proveedores que participan en las contrataciones del Estado, también simplificar, agilizar y generar ahorro administrativo en los procesos de contratación. Asimismo, señala que para contrataciones mayores a Bs20.000 se solicitará el Certificado del RUPE al proveedor, que reemplazará la documentación validada por el sistema, para la formalización de la contratación.
En ese contexto, de ninguna manera la solicitud o no de un requisito como es el “Certificado del RUPE” puede dar lugar a aseverar la existencia de daño económico al Estado, menos aún, cuando se hace referencia a procesos que datan de la gestión 2012, período en el que no se encontraba vigente el Decreto Supremo N° 1497 que crea el RUPE.
Resulta irresponsable difundir la noticia en cuestión que asegura un daño económico al Estado, basándose solo en la presentación de un requisito que tiene el objeto de incorporar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en las contrataciones públicas de manera progresiva, con el fin de centralizar la información de los proveedores y; simplificar, agilizar y generar ahorro en los trámites administrativos a los proveedores del Estado.
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