Memoria de la Economía Boliviana 2020

     Memoria de la Economía Boliviana 2020 

 

PRESENTACIÓN

2020 fue una gestión extremadamente complicada para la economía boliviana. Tras los conflictos sociales y políticos de octubre y noviembre de 2019, que finalmente desembocaron en la ruptura del orden constitucional y la toma de mando del gobierno de facto, se inició en el país un período de incertidumbre con importantes impactos en la economía y en la calidad de vida de la población, incluso antes del arribo del COVID-19 en marzo; la llegada de la pandemia profundizó este escenario.

En efecto, desde noviembre de 2019 se marcó la interrupción del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) que había permitido al país registrar notables avances en sus indicadores macroeconómicos y sociales, y destacarse por su positivo desempeño a nivel regional, incluso en períodos de contexto externo adverso como el vivido en los últimos años previos a 2020.

A su llegada al poder, el gobierno de facto asumió determinaciones de corte neoliberal y en contra de los lineamientos y avances del MESCP, como la paralización de la inversión pública –motor del crecimiento en los casi catorce años previos–, el ataque frontal a las empresas públicas, medidas en contra del impulso productivo como la disminución de límites de cartera productiva en el sistema financiero, entre otros, que tuvieron un impacto negativo en la economía boliviana.

Así, durante el primer trimestre del año la economía se mostraba debilitada, con un crecimiento cercano a cero, y un bajo desempeño en todos los sectores, destacándose especialmente el fuerte retroceso del rubro de construcción, asociado a las decisiones del gobierno en relación a la inversión pública.

A mediados de marzo llegó la pandemia al país, que fue previamente anunciada y alertada, y sobre el cual el gobierno de turno no tomó previsiones. Así, a su arribo, el gobierno decidió la aplicación de una cuarentena rígida que socavó la actividad económica, el empleo y los ingresos de los bolivianos, sin considerar que una importante parte de la población dependía de sus actividades diarias para su sostenimiento.

La pandemia del COVID-19 generó severas consecuencias para el país, se perdieron miles de vidas, ante un sistema de salud colapsado, la insuficiencia de medicamentos y de insumos médicos, la elevada especulación, y la ausencia de control y de medidas efectivas por parte del gobierno de turno.

En ese escenario, en 2020 la economía boliviana mostró su más grande contracción desde 1953, alcanzando una tasa negativa de 8,2% hasta noviembre, según cifras del Índice Global de Actividad Económica (IGAE); con un fuerte desplome de la demanda interna –principalmente incidida por el retroceso del consumo de hogares y de la inversión pública– y la caída de casi la totalidad de las actividades económicas. Un hecho que destacó en la gestión fue que, a diferencia de años anteriores en que el país resaltaba en las primeras posiciones de crecimiento económico en la región sudamericana, en 2020 el retroceso de la economía boliviana fue entre los mayores de la región.

Asimismo, se vieron afectados los indicadores externos, con descensos de 21,4% en las exportaciones y 27,3% en las importaciones, asociados por una parte a la caída de la demanda externa y a la contracción de la producción local, y por otro lado, a medidas gubernamentales como la paralización de la inversión pública que emplea bienes de capital importados y la paralización de la planta de urea que generó el significativo descenso de las exportaciones y el fuerte incremento de las importaciones, afectando así no sólo al Estado por la pérdida de ingresos, sino también al sector agrícola nacional demandante del fertilizante.

En el sistema financiero, se apreció la ralentización de los créditos y depósitos, destacando el estancamiento de los créditos de vivienda de interés social en varios meses de 2020. No obstante, resalta el dinamismo de las operaciones financieras en la última parte del año, en un escenario de certidumbre tras el período de elecciones y la posesión del nuevo gobierno democráticamente elegido.

A diferencia de la administración de las finanzas públicas de los catorce años previos, en los cuales la política fiscal desempeñaba un rol fundamental en el impulso de la economía boliviana, específicamente por la contribución de la inversión pública al desarrollo productivo, al proceso de industrialización y a la política de redistribución de los ingresos, en 2020 ésta presentó un drástico cambio, que exacerbó y contribuyó de forma importante al deterioro de la economía nacional en el contexto de pandemia, en el que se requería de una política fiscal contracíclica.

En efecto, la gestión pública estuvo marcada por características de improvisación, ineficiencia, hechos de corrupción, y con determinaciones de corte neoliberal, como la decisión de paralizar y recortar la inversión pública con el objetivo de reducir el déficit fiscal, y la ausencia de medidas que lograran amortiguar el impacto de la crisis sanitaria.

Como resultado, se registró un elevado déficit fiscal en el año, 12,2% del Producto Interno Bruto (PIB), que contrariamente a gestiones anteriores no fue explicado por el gasto de capital; observándose así un balance corriente deficitario por primera vez en 16 años; la inversión pública se desplomó en 52,7% y se atentó contra la política de endeudamiento público sostenible, con un fuerte incremento de la deuda interna en particular y el deterioro de su calidad.

La crítica situación macroeconómica también se reflejó en la fuerte afectación de los indicadores sociales en el año. El desempleo casi se duplicó en 2020, cerrando la gestión en 8,4%, retornando a niveles observados en el período neoliberal. Igualmente, se evidenció en el año el retroceso en los avances que el país había mostrado, en el marco del MESCP, en relación a la reducción de la pobreza y la desigualdad; en efecto, ambos indicadores crecieron en 2020 y se apreció una reducción de la proporción de la población de clase media, a favor del engrosamiento de la población de bajos ingresos y también de la clase de elevadas rentas.

Tras la restauración de la democracia, con la elección y posesión del gobierno del Presidente Luis Arce Catacora, y dado el crítico estado en el que se encontró la economía boliviana, desde noviembre de 2020 se aplicaron un conjunto de medidas hacia la reconstrucción de la economía nacional y el restablecimiento del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, enfocadas así a dinamizar la oferta y la demanda interna, como la reactivación de la inversión pública y de las empresas públicas, el impulso al sector productivo a través del Fideicomiso para la Reactivación y Desarrollo de la Industria Nacional, el pago del Bono contra el Hambre, el reintegro del Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las Grandes Fortunas, estos últimos tres también en el marco de la política de redistribución de los ingresos, entre otros. Estas medidas mostraron sus resultados iniciales en 2020, contribuyendo al resultado económico de los últimos meses del año, e impulsarán en mayor magnitud el desempeño económico en la gestión 2021.

Finalmente, habiéndose realizado este breve recorrido de lo sucedido en la economía boliviana durante la gestión 2020, el mismo que se encuentra desarrollado en la presente edición de la Memoria de la Economía Boliviana, se invita gentilmente a la población a revisar y analizar este documento, el cual el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas pone a disposición del público en general.

 

Marcelo Montenegro Gómez García
Ministro de Economía y Finanzas Públicas

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