GOBIERNO CONSOLIDA EL ORDENAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS CON LA APROBACIÓN DEL PGE 2026
El nuevo presupuesto transparenta las cuentas públicas, fortalece la responsabilidad fiscal, incrementa recursos para gobernaciones y municipios y prioriza salud, educación y seguridad como ejes de la reconstrucción económica del país.
La Paz, 30 de julio de 2026 (MEFP). – Con la aprobación del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 por parte de la Cámara de Senadores, el Gobierno nacional consolida una nueva etapa en el proceso de ordenamiento de las finanzas públicas y de reconstrucción de la economía boliviana, corrigiendo distorsiones heredadas, transparentando las cuentas fiscales y garantizando que los recursos del Estado se orienten a las prioridades de la población.
Durante la sustentación técnica del proyecto ante el pleno de la Cámara de Senadores, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza Yáñez, explicó que el presupuesto vigente presentaba importantes inconsistencias que comprometían la sostenibilidad de las finanzas públicas, entre ellas una sobreestimación de ingresos superior a Bs. 14.700 millones y la omisión de recursos destinados a obligaciones permanentes del Estado, como la Renta Dignidad y el Sistema Único de Salud (SUS).
"Encontramos un presupuesto con cifras distorsionadas que no reflejaban la realidad fiscal del país. Era necesario transparentar las cuentas públicas para construir una política económica seria, responsable y sostenible", sostuvo la autoridad durante su exposición.
Frente a este escenario, el Gobierno impulsó una profunda revisión del presupuesto, reduciendo gastos improductivos, eliminando asignaciones que no generaban beneficios para la población y redireccionando esos recursos hacia sectores estratégicos. Como resultado, el déficit fiscal proyectado se reduce del 15,8% al 9,2% del Producto Interno Bruto (PIB), consolidando un importante proceso de disciplina fiscal y ordenamiento macroeconómico.
En ese marco, el ministro Espinoza destacó que la prioridad del nuevo presupuesto es fortalecer los servicios esenciales que recibe la población.
"Reducimos gasto corriente que no es útil para la sociedad y redireccionamos ese dinero a elementos fundamentales: salud, educación y seguridad".
El PGE Reformulado incorpora mayores recursos para fortalecer el Sistema Único de Salud, ampliar la cobertura educativa mediante la creación de nuevos ítems y reforzar las capacidades operativas de los sectores de seguridad, asegurando que el esfuerzo de racionalización del gasto se traduzca en mejores servicios para las familias bolivianas.
Asimismo, el presupuesto refleja una clara señal de fortalecimiento de las autonomías. Mientras el Gobierno central asumió el mayor esfuerzo de reducción del gasto público, se incrementan en más de Bs. 2.200 millones los recursos destinados a gobiernos autónomos municipales y departamentales mediante mayores ingresos por coparticipación tributaria, fortaleciendo su capacidad de inversión y prestación de servicios públicos. Además, el proyecto incorpora mecanismos de readecuación financiera que permitirán aliviar la carga de deuda de alcaldías y gobernaciones y otorgarles mayor flexibilidad en la administración de sus recursos.
Otro de los pilares del presupuesto es la consolidación de una nueva regla de responsabilidad macroeconómica. El ministro explicó que el Gobierno eliminó el financiamiento monetario del déficit fiscal, estableciendo que durante esta gestión el Banco Central de Bolivia no otorgará nuevos créditos al Tesoro General de la Nación.
"Hoy el Banco Central no le presta dinero al Gobierno Central; esto significa cero financiamientos del déficit. Aquí hay un elemento importantísimo en términos de responsabilidad macroeconómica".
Espinoza señaló que esta decisión fortalece la estabilidad económica, contribuye a recuperar la confianza de los mercados y constituye un elemento clave para facilitar el acceso al financiamiento internacional, respaldando el proceso de estabilización que impulsa el Gobierno nacional. Asimismo, recordó que los organismos multilaterales de financiamiento exigen sostenibilidad fiscal como condición para acompañar el desarrollo económico de los países.
El presupuesto también incorpora un proceso de reorganización de las empresas públicas, orientado a racionalizar recursos, eliminar gastos ineficientes y establecer mecanismos para la transformación, readecuación o cierre de aquellas empresas que no cumplan criterios de sostenibilidad económica, garantizando un uso más eficiente de los recursos del Estado.
La aprobación del PGE 2026 constituye un paso decisivo para consolidar el proceso de estabilización económica impulsado por el Gobierno nacional. Con cuentas públicas transparentes, mayor disciplina fiscal y una mejor asignación de los recursos del Estado, Bolivia fortalece las bases para recuperar la confianza, impulsar la inversión y el crecimiento económico, y garantizar que los recursos públicos lleguen donde más los necesita la población.